27 jun. 2011

"Indignación y reacción frente a las mentiras de la crisis"

Varios profesores de la Universidad de Almería nos hemos ofrecido para dar conferencias y clases en la concentración de "indignados" que se está llevando a cabo en nuestra ciudad.
Os paso un resumen de la intervención que realizaré esta tarde, tras la asamblea y os animo a seguir luchando y participando en esta esperanza.

Miguel Ángel Luque Mateo

Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería



"INDIGNACIÓN Y REACCIÓN FRENTE A LAS MENTIRAS DE LA CRISIS"
"Ha llegado el momento de tomar «decisiones valientes» para salir de la crisis. Hay que seguir recortando los gastos sociales, educativos y de investigación, disminuir las partidas sanitarias, paralizar la inversión pública, congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios, abaratar el despido, descafeinar la negociación colectiva, aumentar la edad de jubilación, destinar menos dinero a las personas dependientes y subir los impuestos. Todo ello, para reducir el déficit público como exige Europa y dar confianza a los mercados". Este es el discurso que las instituciones y los medios de comunicación nos quieren imponer. En las siguientes líneas expongo una visión distinta de la situación. Para ello, responderé a dos preguntas:
1ª ¿por qué tenemos un déficit público tan elevado?
y 2ª ¿es justa la subida de impuestos? Por último, señalaré varias vías de solución, desde la justicia.
Comenzando por la primera, diré que el alto nivel de endeudamiento de los Estados es consecuencia, en gran medida, de las millonarias ayudas públicas al sistema financiero otorgadas a escala mundial. Recordemos que, en 2008, España creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros para comprar a los bancos unos supuestos activos "no tóxicos", por valor de 50.000 millones de euros; que, en 2009, se aprobó la creación del Fondo de Ordenación y Regulación Bancaria para sufragar, principalmente, los costes de las actuales fusiones e intervenciones de las cajas de ahorros, por un importe de 90.000 millones de euros y que, adicionalmente, se han aprobado avales al sistema financiero por importe de 334.800 millones de euros para garantizar sus operaciones financieras (esto último no debe confundirse con el fondo de garantía de depósitos para los ciudadanos). Todo ello se ha realizado con el beneplácito de la Comisión Europea, el Banco Mundial, el FMI, el Banco de España y el voto, casi unánime, del Parlamento español. En total, contando los avales, se ha aprobado la posibilidad de otorgar ayudas públicas a este sector por un importe de 474.800 millones de euros (aunque la ministra de Economía y Hacienda declaró que sólo se han utilizado unos 100.000 millones €), cifra muy alejada de los 2.300 millones que costaba el cheque bebé o los 1.500 millones € que ahorró la congelación de las pensiones contributivas.

Lógicamente, el Tesoro Público no disponía de ese dinero para dárselo a la banca. ¿De dónde ha salido entonces? Pues de la emisión de Deuda Pública (letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado), que, en definitiva, consiste en pedir dinero prestado, con el consiguiente aumento de nuestro nivel de endeudamiento. Piénsese que, en los tres últimos años, se ha incrementado la deuda española en circulación en 200.000 millones €.
Paralelamente a lo anterior, se nos exige subir los tributos, lo que parecería estar en sintonía con los Estados del bienestar más avanzados.
No obstante, entrando ya a responder la segunda cuestión planteada en este artículo, diré que no todos los impuestos son igual de justos. Hay algunos que, por regla general, hacen pagar más a los ricos (los directos, que recaen sobre la obtención de renta, los beneficios y la posesión de patrimonios) y otros que, normalmente, no respetan tanto la capacidad económica (los indirectos, más centrados en el consumo). Pues bien, en España y en el resto de países de la UE, se están subiendo estos últimos, mientras que los primeros siguen bajando, incluso en plena época de crisis. Efectivamente, mientras han aumentado los impuestos sobre "las gasolinas" y "el tabaco" y se ha incrementado el IVA (sin efecto para las empresas y los ricos que operan a través de ellas, porque se lo deducen), se ha bajado hasta 10 puntos el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades (que hace tributar, por ejemplo, a las grandes empresas y las entidades de crédito), se ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo los ricos), se reducido el tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares, en importantes operaciones, y se ha creado un régimen fiscal privilegiado para que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan arrendar los grandes patrimonios inmobiliarios con los que se han quedado. Lo más escandaloso de todo es que se ha mantenido el tipo de gravamen de las sociedades de inversión de las grandes fortunas (SICAV) en el 1% (frente al 45% al que puede llegar a tributar el común de los mortales).

Lo más triste e irritante de esta cuestión es que las personas y entidades verdaderamente ricas apenas pagan impuestos, porque tienen su dinero e inversiones en los paraísos fiscales, con total opacidad al fisco. De hecho, el 69 por ciento de las empresas del Ibex 35 opera en estos territorios. Según algunas estimaciones, en estos centros se mueven unos 12 billones de dólares, que generan, a su vez, unos 660 mil millones de beneficios, lo que supone una pérdida de recaudación fiscal de unos 250.000 millones de dólares. Y desde aquí operan los famosos "hedge funds", responsables del ataque a las economías de la zona euro, como la española. Estos ingresos tributarios de los ricos y poderosos que se han disminuido o no llegan a las arcas públicas son otra de las causas de este déficit público.

Llegados a este punto, uno es consciente de la jugada maestra del capital. Durante años ha obtenido unos beneficios extraordinarios con la especulación de las hipotecas "subprime", sin pagar casi impuestos, a costa del endeudamiento del sector privado; cuando el sistema se desmorona, consigue que el Tesoro Público salga a rescatarlo y le mantenga una fiscalidad privilegiada, con la ingenua promesa de reactivar el crédito a las empresas y los ciudadanos a los que tiene asfixiados. Y, por último, cuando los Estados se encuentran en una situación de debilidad, consecuencia del enorme esfuerzo que ha supuesto dicha ayuda, aprovecha la situación para colocarlos al borde de la quiebra y forzarlos a desmontar lo poco que queda del sistema de bienestar, empobreciendo injustamente a millones de personas, con la complicidad de las mismas instituciones no democráticas (Comisión Europea, FMI, Banco Mundial y Banco de España) que permitieron aumentar el déficit público en beneficio de la banca. Estos mercados, que tienen nombres y apellidos, se están frotando las manos con el nuevo ámbito de pastel que se abre con las privatizaciones (Loterías y Apuestas del Estado; AENA; etc.) y las reformas estructurales (planes de pensiones privados, agencias privadas de colocación, centros privados de sanidad y educación, etc.).

Algunas soluciones a esta situación, más allá de acciones individuales y testimoniales, como la colocación de nuestro dinero en la banca ética, pueden venir por varias vías:
la lucha efectiva por la desaparición de los paraísos fiscales; la aprobación de una regulación de los mercados financieros que impida y obstaculice los ataques especulativos sobre nuestras propias economías; el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras, en el marco de un sistema tributario justo; la creación de una banca pública que canalice el crédito a las empresas y ciudadanos; la reforma de la ley electoral hacia un modelo más proporcional y que dote de representatividad al voto en blanco; la eliminación de los abusos bancarios en los préstamos hipotecarios (cláusulas suelo, seguros leoninos sobre tipos de interés, cobro único de primas de seguros obligatorios para varios años; exigencia de múltiples productos financieros, etc.), además de la supresión de los privilegios exorbitantes de la casta política, de forma que se les aplique a ellos lo que aprueban a los demás (piénsese que un parlamentario tiene una pensión máxima con 11 años y un día en el cargo y podría jubilarse a los 60 años, mientras que la mayoría de los trabajadores necesitará 37 años cotizados y se jubilará a las 67).

Éstas sí serían verdaderas decisiones "valientes" que podrían hacer cambiar este "mundo al revés", en el que la clase media-baja asalariada paga los impuestos y los realmente ricos se llevan el dinero. En definitiva, se trata de cambiar este sistema criminal que cada día mata a 80.000 personas y condena a más seres humanos a la miseria.
Miguel Ángel Luque Mateo


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